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Venezuela: 4 000 años de trabajo para comprar una casa

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La caraqueña Carmen Hurtado se ilusiona cada vez que alguien se aproxima a su improvisado puesto de venta de muñecos porque, con cada transacción, está más cerca de su sueño de tener casa propia, una meta casi imposible de alcanzar en Venezuela, donde, una persona que perciba el salario mínimo tardaría 4 000 años en poder acceder a una vivienda propia.

A sus 45 años, esta docente universitaria vive en la casa de un familiar en el deprimido barrio caraqueño de San José, más conocido por una historia de violencia y venganza cantada por un grupo de rap local que por alguna otra cosa. «Menos de USD 1», dice con una sonrisa que esconde vergüenza cuando se le pregunta sobre sus ingresos como profesora. Luego duda y hace cálculos mentales que, sin embargo, le regresan el mismo monto. «Sí, (gano) menos de USD 1 como docente», insiste.

En los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la ONU explica que la pobreza extrema es medida por un ingreso diario inferior a USD 1,25. Hurtado no está ni cerca de estos ingresos -reconoce- por cuanto vive bajo el umbral de la pobreza extrema pese a su empleo como docente universitaria. Así, esta caraqueña necesita más de 4 000 años de ahorro continuo para comprar un viejo y modesto apartamento de unos USD 50 000 en Caracas, una ciudad que no escapa a la crisis de servicios públicos que padece Venezuela. Son, exactamente, 4 166 años de ahorro por un apartamento en el que no tendrá agua corriente la mayoría del tiempo, en el que el suministro de gas será irregular.

Es por ello que esta profesora universitaria busca «alternativas», como la venta de muñecos de tela que ella misma fabrica y que espera le permita completar sus ingresos mensuales. Aunque, de igual manera, es poco lo que ha podido ahorrar en el último par de meses, cuando comenzó a vender muñecos y dictar talleres para enseñar a niños de escasos recursos a crear sus propios juguetes. «Pero llegará el momento en que lo voy a lograr -comprar una casa propia-, claro que sí», dice esperanzada.

¿Una afortunada?

​Como auxiliar de farmacia, la venezolana Liz Orta gana unos USD 35 mensuales, unos ingresos que le permiten sentirse, en algunos casos, «afortunada». Afortunada porque cada mes tiene un dinero que le permite llevar alimentos a la casa de sus suegros, donde vive con su esposo y dos de sus tres hijos. Afortunada, también, porque no está en el paro como muchos de sus vecinos y familiares. Al igual que Hurtado, esta mujer de 39 años sueña con un casa propia donde vivir con su familia. Un techo al que llamar suyo. «Yo estoy en una asociación para (gestionar) viviendas, pero tengo ahí 20 años y todavía no me han dado respuesta de mi vivienda», dice .

Sus ingresos apenas le alcanzan para comer, pero cuando se atreve a soñar, Orta se ve junto a su familia en un apartamento de una céntrica zona de Guarenas -una ciudad satélite cercana a Caracas- conocida como El Torreón. «No tengo ni idea (de cuanto cuesta un apartamento ahí) porque sé que los ingresos no me van a alcanzar (para comprarlo) y ni siquiera me ocupo. ¿Para qué si no me alcanza?», señala.

Un agente inmobiliario que prefiere el anonimato dice que los apartamentos de entre 20 y 30 años de antigüedad se venden por USD 25 000 en esta zona. Orta tendría que juntar todos sus ingresos mensuales durante más de 55 años para comprar la vivienda que tanto desea para su familia. En comparación con la empresa imposible de Hurtado, Orta es una afortunada.

Un país sin crédito​ 

Hace una década, el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) solía exhibir con orgullo datos de las varias decenas de millones de dólares que los bancos públicos y privados prestaban a los ciudadanos para comprar casas, vehículos o levantar pequeñas empresas. El Gobierno establecía una cartera obligatoria que, en ocasiones, llevaba a la banca a ser quien propusiera a los ciudadanos créditos para el consumo, remodelar viviendas o hasta comprar casas.

Pero el crédito en Venezuela desapareció hace más de un lustro, cuando la crisis tomó forma y la inflación se elevó de forma exponencial. Es por ello que ni Hurtado ni Orta recurren a la banca para comprar bienes inmuebles, como hacen los trabajadores de cualquier país del mundo. Hurtado ríe cuando se le pregunta por la posibilidad de solicitar un crédito, y no solo porque sus ingresos podrían llevar a la banca a considerarla una cliente de riesgo, sino porque sabe que la herramienta no existe en Venezuela. Con su tarjeta de crédito, que nunca lleva consigo porque no le permite comprar nada, no paga ni siquiera un café. Orta, entretanto, no ha pensado nunca en solicitar un crédito. Ella cree que tendrá un no como respuesta, o que apenas recibirá un microcrédito que no la acercará a la meta de tener vivienda propia.

Otra vez la hiperinflación​

El economista Ángel Alvarado asegura  que la alta inflación, un indicador que al que la oposición de Venezuela suele anteponer el prefijo ‘hiper’, es el mayor de los males de la economía del país caribeño. «No hay crédito por la hiperinflación», dice Alvarado. «Cuando la hiperinflación existe ¿Quién ahorra? Nadie.

Entonces ¿Quién puede pedir prestado? Nadie», agrega después de explicar que un crédito es un mecanismo a través del cual la banca pone en contacto a los ahorristas y los prestatarios. Alvarado forma parte de una oficina de análisis económico que responde al líder opositor Juan Guaidó -a quien varios países reconocen como presidente interino de Venezuela- y que ubicó en 3 713 % la inflación de 2020, muy por encima de los 2 959,8 puntos que reportó el Banco Central.​»La hiperinflación es muy dañina porque acaba con el salario, con el consumo y también con el crédito», insiste el economista. Con este panorama, señala, los más vulnerables no tienen opciones para cambiar sus realidades individuales en el corto o mediano plazo.

Es por ello que algunos, como la profesora Hurtado, necesitan más de 4 000 años de trabajo para comprar una casa en Venezuela. (I)

Fuente: El Comercio

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Intento de golpe de Estado en Armenia, denuncia su primer ministro

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El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, denunció este jueves un intento de golpe de Estado militar y lideró una marcha de sus simpatizantes para reafirmar su autoridad, debilitada por la derrota del ejército de su país frente a Azerbaiyán en Nagorno Karabaj.

El Kremlin dijo que estaba “preocupado” por la situación e hizo un llamado a la “calma” en la exrepública soviética.

Turquía, enemigo jurado de Armenia, condenó por su parte “con firmeza” el intento de “putsch”.

Pashinyan afirmó que una declaración del estado mayor del ejército pidiendo su renuncia era “un intento de golpe de Estado militar”, e invitó a través de Facebook a sus partidarios a reunirse en la plaza de la República en Ereván.

En un mensaje en directo en esa red social, Pashinyan anunció luego la destitución del general Onik Gasparian, al frente del estado mayor.

Poco después, encabezó una manifestación de sus simpatizante y aseguró que, aunque la situación es “tensa”, “todo el mundo está de acuerdo en que no debe haber enfrentamientos”.

“La situación se puede gestionar”, sostuvo el primer ministro, megáfono en mano. Agregó luego que trabajaba “en medidas urgentes” para desactivar la crisis. Por la tarde, eran unos 20.000 los seguidores que lo acompañaban, según una corresponsal de la AFP.

“Evitar una guerra civil”

La oposición, que reclama la dimisión de Pashinyan desde la derrota militar de Armenia frente a Azerbaiyán en Nagorno Karabaj a finales de 2020, reiteró esa exigencia y también salió a la calle.

“Llamamos a Nikol Pashinyan a no llevar al país a una guerra civil y a un derramamiento de sangre. Pashinyan tiene una última oportunidad de partir sin que haya problemas”, afirmó el partido Armenia Próspera, principal fuerza de oposición.

Entre 10.000 y 13.000 manifestantes opositores se reunieron en otra plaza de la capital Ereván para pedir la renuncia del primer ministro.

La víspera, Pashinyan echó a un adjunto de Gasparian, Tigran Jachatrian, lo que llevó al estado mayor a reclamar su renuncia por juzgar que el primer ministro “ya no está en condiciones de tomar las decisiones que se imponen”. Ambos lo acusaron de perpetrar “ataques para desacreditar a las fuerzas armadas”.

El primer ministro despidió a Jachatrian porque este se había burlado en la prensa de las declaraciones del primer ministro, que cuestionaba la fiabilidad del sistema de armamento ruso, los lanzamisiles Iskander, durante el conflicto en Nagorno Karabaj.

El estado mayor consideró que esa decisión se basó únicamente “en los sentimientos y ambiciones personales” de Pashinyan.

Derrota en Nagorno Karabaj

Pashinyan se encuentra bajo presión de la oposición que reclama su renuncia desde la derrota militar de Armenia ante Azerbaiyán en el otoño de 2020 en el conflicto de Nagorno Karabaj.

Ante el riesgo de una debacle, el primer ministro aceptó, con el apoyo del ejército y de su estado mayor, las condiciones de un alto el fuego negociado por el presidente ruso, Vladimir Putin, que implicaba importantes pérdidas territoriales para Armenia.

Con todo, Ereván todavía controla de facto, gracias a la presencia de separatistas armenios, la mayor parte de la región de Nagorno Karabaj.

Sin embargo, Armenia perdió la simbólica ciudad de Shusha, además de un conjunto de regiones azerbaiyanas alrededor de esa área y que controlaba desde los años 1990.

La derrota se vivió como una humillación nacional. Desde entonces, la oposición ha reclamado la dimisión del primer ministro quien, casi hasta el final del conflicto -que se extendió de septiembre a noviembre de 2020- aseguraba que sus fuerzas llevaban ventaja sobre Bakú.

Nikol Pashinyan, un experiodista e histórico opositor de 45 años, llegó al poder en la primavera de 2018, impulsado por una revolución que prometía sacar a ese país del Cáucaso de la pobreza y eliminar a una élite corroída por la corrupción.

Desde su independencia tras la caída de la Unión Soviética en 1991, Armenia ha atravesado varias crisis políticas y revueltas, algunas de las cuales muy violentas. (I)

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México aprobó la “Ley Ingrid”, que sanciona a quienes filtren imágenes o videos de víctimas de delitos

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El año pasado, el caso de femicidio de Ingrid Escamilla causó en México una gran conmoción por dos hechos: por la brutalidad del crimen y por la difusión de imágenes de su cuerpo sin vida por parte de autoridades, las cuales también fueron replicadas por diarios locales.

Este martes el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen conocido como “Ley Ingrid”, lo que permite modificar el Código Penal de la capital del país para sancionar a los servidores públicos que difundan imágenes o videos relacionados con hechos delictivos.

Esta reforma, nombrado en memoria de Ingrid Escamilla, víctima de femicidio, fue aprobado por unanimidad con 58 votos a favor.

Esta ley implica modificaciones en el artículo 239, las cuales indican que será sancionada toda persona que de manera indebida, “difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, audiograbe, videograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta fotos, videos, audios o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo”.

La iniciativa contiene tres párrafos más en los que se detallan diversas situaciones que merecen agravantes. Por ejemplo, si se trata de la difusión de materiales audiovisuales de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones y estado de salud de las víctimas, las penas se incrementan hasta en una tercera parte.

Si estos materiales audiovisuales son de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes en tanto su circunstancia de muerte, lesiones o estado de salud, las penas se incrementan hasta en una mitad extra.

Además, si el delito es cometido por una persona servidora pública integrante de alguna institución policial, las penas se incrementan también hasta en una mitad más.

El objetivo del dictamen, es “el respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida es un tema necesario. La vida de una persona que ha sido violentada o su forma de muerte nunca deben ser causa para su revictimización o agravar aún más el daño causado”.

En este sentido, las penas irán de dos a seis años de prisión y penas monetarias con un equivalente a 4.375.55 dólares. Esta reforma entrará en vigencia una vez que los cambios sean publicados en el Diario Oficial de la capital.

La titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, presentó esta iniciativa el pasado 14 de enero del año pasado ante el Congreso de la Ciudad de México.

La Ley Ingrid fue aprobada en Oaxaca hace unos días y en ella también se contemplan sanciones de dos a siete años de prisión para quienes difundan imágenes de víctimas del delito.

Según el informe Violencia contra las Mujeres, dado a conocer a finales de enero 2021 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, en este país se registró un gran aumento en los asesinatos de mujeres y niñas al día: si años atrás se contabilizaban 10 en promedio, durante 2020 mataron a 18 mujeres brutalmente cada día. (I)

Fuente: El Universo

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China impulsa las monedas digitales tras proyecto del Banco Central

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El Banco Popular de China está llevando a cabo un proyecto nacional de CBDC, el e-CNY, una avanzada iniciativa mundial en la que se llevan a cabo pruebas de la vida real en varias ciudades del país asiático.

Las llamadas ‘CBDC’ son como monedas o billetes que otorgan a los titulares un derecho directo al banco central, lo que podría superar considerablemente a los bancos comerciales.

Los expertos y observadores de varias partes del mundo están contemplando de cerca el e-CNY, interesados tanto en las lecciones que pueden aprender para adaptarlas en otros lugares, además de cómo el Banco Popular de China intenta utilizar la estrategia para internacionalizar el yuan, una ambición posicionada hace mucho tiempo por las autoridades chinas.

Un comunicado señala que el Instituto de Moneda Digital del Banco Popular de China se unirá a la iniciativa del Puente CBDC, que puntualmente administran el PBI y los bancos centrales de Tailandia y Hong Kong.

Con el proyecto esperan desarrollar un proceso para pagos fronterizos de divisas en tiempo real bajo estricta tecnología de contabilidad distribuida, que sustentaría a criptomonedas como el bitcoin. (I)

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